¿derecho humano o mercancía?
El debate contemporáneo del agua potable en el mundo, que antes era una tarea exclusiva de los académicos de los principales centros de estudios del mundo, ha llegado a las principales calles de las ciudades, con la participación de una ciudadanía libre, quien se ha revelado de manera abierta contra los oligopolios que gobiernan el citado bien común.
Este activismo político que moviliza a millones de ciudadanos en defensa del agua, va en aumento, en la medida que a la par hace crisis el modelo opresor neoliberal, que históricamente se ha apropiado de los bienes comunes de la humanidad.
Si buscáramos una respuesta a este nuevo fenómeno que traspasa fronteras, no escatimamos esfuerzos en señalar que todo obedece al cambio de paradigma del agua que antes se observaba como una mercancía y sometida a la lógica del mercado, por un derecho humano de igual acceso para todos, quien plantea la urgencia para el Estado, su recuperación para la supervivencia humana, en momentos que se discute su escasez como consecuencia del calentamiento global.
En el otrora, cuando se impuso el modelo privatizador que hoy gobierna los principales servicios públicos en el mundo, jamás se evaluó el costo social que provocaba esa transferencia al sector privado. En ese entonces, para tomar una decisión en esa dirección, solo se tomaba en consideración la necesidad de hacer frente a las contingencias fiscales y de política económica del Estado, quien era considerado un pésimo administrador.
Con el tiempo, quedo al descubierto, que un modelo de esa naturaleza, en manos de particulares, sólo estaba animado por la acumulación de ganancias a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, quienes se verían abocados a pagar un precio usurero por el consumo de un servicio público a unas multinacionales, capaces y dispuestas de maximizar sus beneficios a corto plazo, sin importar las carencias económicas, los bajos salarios y una inflación galopante. Porque en la lógica del mercado, lo que prima son las utilidades.
Esta suerte de tragedia para la ciudadanía, ha desatado una doble batalla por reivindicar no solo los derechos fundamentales, sino también, el enfrentar la explotación sin escrúpulos de un bien vital como el agua que tiene unas características universales de res nullius o cosa que no pertenece a nadie.
Sin embargo, la tarea de la ciudadanía para enfrentar la codicia desenfrenada del capital no ha resultado nada fácil, en la medida en queda demostrado que muchos gobernantes, legisladores y jueces, se encuentran en las nóminas de los principales operadores de los servicios públicos, para detener la avanzada ciudadana contra la “omnipotencia antropocéntrica” de las grandes multinacionales1.
El caso más patético de la inmoral subordinación de los poderes públicos al gran capital, estallo en Bolivia, con el episodio del agua en Cochabamba, donde se instauro un sistema jurídico muy favorable y perverso a los intereses de la multinacional que operaba el servicio, diseñado con una débil regulación ambiental y de tutela del trabajo, que hacían más fácil ganar cualquier pleito judicial. Era el sistema “market friendly” anglicismo ideado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para garantizar el capital de los inversionistas.
En esta perversa tenaza conformada por el Estado Boliviano y la multinacional Bechtel -a la sazón multinacional norteamericana operadora del servicio del agua potable- reboso la paciencia del pueblo de Cochabamba y generó una de las revueltas populares más sangrientas en Latinoamérica por el derecho al agua.
Los antecedentes de semejante protesta social se fundaron con el chantaje de la sed a una población por parte de la multinacional, que explotaba un servicio a unas tarifas superiores del 40 % de los ingresos medios. Ante la imposibilidad de la ciudadanía de Cochabamba de pagar unas facturas confiscatorias con unos cálculos asimétricos, se ordeno el corte masivo del servicio a los morosos y la prohibición de construir depósitos de aguas lluvias en cisternas que buscaran calmar la sed.
Esta indignante operación, desemboco una revuelta sangrienta desde las bases sociales, que siempre estuvieron dispuestas, a defender hasta el final sus derechos y los bienes comunes, que tanto la multinacional Bechtel como el presidente Sánchez Lozada, tuvieron que marcharse de Bolivia.
Estos acontecimientos que marcarían una lucha importante contra la amplia brecha social existente en Latinoamérica, no sería un tema exclusivo de esta región, donde la desigualdad ha llegado a altas cotas de injusticia social. En Europa, donde los derechos fundamentales de los ciudadanos, constituye lo más sagrado en una democracia liberal, también ha vivido su propio drama por los efectos privatizadores de los servicios públicos de cobertura universales, ante la retirada del Estado en su prestación directa. Nos referimos exactamente al referéndum en defensa del agua promovido en Italia. Un referéndum que en esencia consistía en el rechazo a la privatización del agua, y que tuvo como fundamento las observaciones de la “comisión Rodota”, que se constituyó en su momento, un verdadero manifiesto en defensa de los bienes comunes, entre ellos, el agua.
El sofisma para llegar a la privatización de los bienes comunes en Europa, especialmente el agua potable, consistía en la afirmación “que para evitar su despilfarro se debía imponer un precio alto a su consumo, lo cual, gracias al sistema de un alto precio, permitiría limitar el acceso y un consumo excesivo de los mismos.”. Esta tesis, que rápidamente fue derrotada, todavía se promueve por algunos sectores de “ecologistas lampedusianos”, que se distancian de manera explicita de la estrella polar de la justicia.
Lo importante del asunto en Europa, es que se empiezan a plantearse serias dudas, sobre la necesidad de privatizar aquellos servicios que crean iguales oportunidades entre los ciudadanos. Nos referimos a los servicios públicos de energía y agua potable, donde el criterio de la optimización del beneficio no puede imponerse a la consideración del servicio público.
Lo más grave de esta realidad, es que la mayoría de las autoridades le siguen apostando a la privatización del servicio o su equivalente, que habilita a los particulares a explotar el negocio, a través de la venta del agua a la ciudadanía, como si fuera la única regla ordenada por nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Al contrario de lo que ocurre en Europa
En esa orientación explicita de la ciudadanía de Europa, el tema de la mercantilización de los bienes comunes, en especial el agua, cada día pierde adeptos, cuando se avizora que detrás de su administración existe un poder salvaje que los gobierna en provecho de unas manos usureras, que no tienen un interés diferente, que la acumulación de utilidades.
En Colombia, donde el derecho al agua tiene un carácter fundamental, gracias a la plausible jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional, no ha resultado suficiente para convencer a unas autoridades públicas y los operadores privados, que el acceso a ese servicio vital tiene plena conexidad con la salud y la dignidad humana, y que el mismo, “tiene mayor jerarquía constitucional sobre los derechos a la libertad económica que les corresponden a los agentes del mercado”. 3
Para esta jurisdicción constitucional, este derecho, además de ratificarlo como social, bajo una interpretación con unos patrones convencionales, les atribuye a los prestadores el deber de satisfacerlo. Esta atribución, guarda distancia de la tesis que proviene de un sector académico del mundo anglosajón, quienes sostienen, “la muerte de los derechos sociales”.4
Este matiz jurisprudencial, parte desde la sentencia T-740 de 2001, que, con una exacta interpretación del Estado Social de Derecho, deja sentando para lo sucesivo, que “un derecho fundamental de rango superior se encuentra por encima de un contrato de prestación de servicios públicos, cuando este último provoque su violación.”5-
Lo anterior implica, que la falta de pago del servicio ya no es motivo suficiente para adoptar la suspensión del mismo, por cuanto se vulneraria derechos superiores como el acceso al agua, la salud y la dignidad humana. Esta lógica jurídica, se fundamenta en la tesis del efecto de “irradiación de los derechos fundamentales”, que los despliega hacia otros ámbitos del derecho, incluidos los contratos, que enfatiza, que “si una obligación contractual contradice el contenido de un derecho fundamental pierde toda validez; ya no será debida por el deudor ni podrá ser exigida por el acreedor”. 6-
A simple vista de lo comentado, nos encontramos en una nueva tensión entre derechos y principios de rango superior. Por un lado, los principios del Estado social de derecho y la dignidad humana, entre otros, que juegan en favor del ciudadano que tiene derecho al acceso al agua y los derechos y principios a la libertad económica y al principio de legalidad que se encuentran del lado del mercado, para ser mas exacto, en cabeza de las empresas de servicios públicos. En esta colisión de derechos, la balanza de la justicia siempre ha girado en favor de las necesidades básicas de la población.
Pese a este mensaje de justicia, por parte de nuestra jurisdicción constitucional, sigue imperando la codicia del dinero de las multinacionales sobre los derechos de los ciudadanos, a través de unos contratos de prestación de servicios públicos que contienen unas cláusulas que encubren la expoliación económica a miles de usuarios del pais.
Lo más grave de esta realidad, es que la mayoría de las autoridades le siguen apostando a la privatización del servicio o su equivalente, que habilita a los particulares a explotar el negocio, a través de la venta del agua a la ciudadanía, como si fuera la única regla ordenada por nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Al contrario de lo que ocurre en Europa, donde las importantes ciudades se encuentran recuperando el servicio público y sus activos patrimoniales, en Colombia la “huida al derecho privado” avanza a pasos incontenibles, sin detenerse a examinarse el costo social de semejante transferencia al mercado.
Mas allá de cualquier duda razonable, lo cierto de toda esta modalidad negocial, es que el costo del servicio resulta altamente elevado en perjuicio de la economía domestica y familiar, ante las supuestas inversiones del operador que deberán amortizarse.
Este negocio produce unos altos dividendos a unos privados, que les permite sentirse dueños del agua, como también del mercado, como ha ocurrido en distintas experiencias colombianas, donde el servicio se encuentra en manos del poder salvaje de unas multinacionales, que, a pretexto de ser grandes inversionistas, recuperan su dinero con una rentabilidad indexada y se marchan del país, como suele ocurrir, con los famosos “capitales golondrinas” que anidan en la mayor parte del mundo.
Ojalá los colombianos, tengamos la sensatez de haber aprendido la lección de lo ocurrido en Bolivia y tengamos el coraje de enfrentar con madurez política la responsabilidad histórica de administrar nuestros propios recursos hídricos, sin apelar a formulas privadas, que, si bien tienen todo el derecho a la ganancia, no lo seria en los servicios públicos, como el agua, que comprometen derechos fundamentales. Solo de esta forma, el agua dejaría de ser una mercancía y recuperaría sus fueros de un verdadero derecho.
Tal ves para muchos estas opiniones, rayan en la posible “estatolatria”, “culto al Estado” o la “nacionalización”, o como se quiera decir, lo cierto es que los “hechos son tozudos” y desmienten el mito que solo lo privado resulta lo eficiente y el Estado es un pésimo administrador.
Una mirada a la experiencia de las Empresas Públicas de la ciudad de Medellín, empresa cien por ciento del Estado Colombiano, resulta el ejemplo paladino, que la administración pública también resulta diligente y eficiente en la prestación de los servicios públicos. Solo hay que despojarse del perjuicio, que lo bueno viene del sector privado y todo lo malo del sector público.
No queremos cerrar estas reflexiones, sin evocar las mágicas palabras de Eduardo Galeano, en su novela “Los hijos de los días” que guarda estrecha relación con el tema que nos ocupa. 5
“Del agua broto la vida. Los ríos son la sangre que nutre la tierra, y están hechas de agua las células que nos piensan, las lagrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda.
La memoria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los bosques de ayer, y que el mundo seco de supo ser mundo mojado, en aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie y de todos.
¿Quién se quedó con el agua? El mono que tenia el garrote. El mono desarmado murió de un garrotazo. Sí no recuerdo mal, así comenzaba la película 2001 odisea del espacio.
Algún tiempo después, en el año 2009, una nave espacial descubrió que hay agua en la luna. La noticia apresuro los planes de conquista.
Pobre luna. “
BIBLIOGRAFIA
1– Ugo Mattei. Bienes Comunes. Un manifiesto. Editorial Trotta. Pag, 88).
2– Ugo Mattei. Bienes Comunes. Un manifiesto. Editorial Trotta. Pag, 25)
3- Carlos Bernal Pulido. Derechos, cambio constitucional y teoría jurídica. Universidad Externado de Colombia. Pag 67.).
4- London School of Economics, Paul O´ Connell.
5- sentencia T-740 de 2001.
6– Carlos Bernal Pulido. Derechos, Cambio Constitucional y teoría jurídica. Universidad Externado de Colombia. Pag 69.).
7- Eduardo Galeano. “Los hijos de los días.”