Por tal motivo varios senadores solicitan el regreso a las plenarias de manera presencial
La plenaria del Senado no pudo continuar con la votación de algunos proyectos de ley y de acto legislativo programados para esta semana, debido al ausentismo de parte de algunos legisladores.
Adicionalmente, la falta de quórum, producto de la estrategia que emprendieron algunos congresistas de la coalición para no votar las iniciativas que consideran inconvenientes, dejó heridas de muerte algunas reformas.
En este caso, un acto legislativo que pretende reconocer al campesinado colombiano como sujeto de derechos, quedó a punto de hundirse por falta de apoyo de las bancadas de gobierno. Esta propuesta debe aprobarse en sus primeros cuatro debates antes del 16 de diciembre, pero al parecer ya los tiempos no alcanzan.
Esto generó rechazó en los promotores de la iniciativa. El senador Alexander López afirmó: “esto jamás había pasado en el Congreso de Colombia, estamos ante uno de los hechos más aberrantes de este Congreso (…) Esto es un verdadero crimen que se comete contra el campesinado colombiano y es supremamente grave este acto miserable que están cometiendo las mayorías uribistas”.
Sin embargo, la senadora Paloma Valencia aseguró que este proyecto es inconveniente y por eso no cuenta con el respaldo del Centro Democrático y tampoco de otras bancadas.
“Que no nos vengan a decir los guerrilleros que asesinaron a tantos campesinos en Colombia, que reclutaron a sus hijos, que violaron a sus hijas, que ahora vienen con la solución y que la solución es este proyecto porque no es cierto, este es un proyecto que lo que pretende es traer esos conceptos de la colectivización de la propiedad al sector campesino, que es equivocado y dañado frente a lo que los colombianos aspiran”, indicó.
“La colectivización que es un anhelo de la izquierda radical es quitarle la propiedad a los colombianos y a esos campesinos, es llevarlos a las zonas de reserva campesina, que ya sabemos con qué propósitos políticos se han utilizado en Colombia, para beneficiar ciertos grupos violentos”, dijo.
Pero no solo esta reforma está en peligro, también está a punto de hundirse el acto legislativo que propone cambiar la manera como se elige al fiscal general de la nación, para que sea la Corte Suprema la que conforme la terna y el presidente de la República el que nombre a este funcionario. Como se trata de una reforma constitucional, la misma debe salir en primera vuelta antes del 16 diciembre y seguramente los tiempos no alcanzarán para que ello suceda.
A raíz de esta situación, algunos legisladores plantearon la necesidad de que el Senado de la República regrese por completo a la presencialidad, con el fin de que puedan avanzar los proyectos de ley y de acto legislativo.
Fuente:Sistema Integrado de Información
